A la vuelta del siglo, mayores niveles de violencia en las calles de países Centroamericanos y una cobertura sensacionalista de los medios sobre jóvenes pandilleros aumentaron los sentimientos de inseguridad de la población. Los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala, en menor medida, respondieron al equiparar a las pandillas juveniles con seguridad nacional.
Centros de detención juveniles y prisiones se llenan de jóvenes con tatuajes, Ciuadad de Guatemala, Guatemala
Adaptar una posición de cero tolerancia pone a estas naciones en línea filosóficamente con el paradigma de la ejecución de la ley que ha estado en ascenso en EEUU desde la década de los 90. Sin embargo, los niveles de represión operacional, especialmente bajo la policita de Súper Mano Dura en El Salvador, empezaron a socavar las reformas de profesionalización comenzadas cuando los Acuerdos de Paz Salvadoreños separaron oficialmente a la policía de los militares. La adopción de cero tolerancia en Honduras con Operación Libertad y en Guatemala con Plan Escoba intensificaron las tendencias regionales que dañaron el desarrollo del debido proceso, el respeto al imperio de la ley y de los derechos humanos.
Debajo de Súper Mano Dura, las estrategias políticas se convirtieron excepcionalmente represivas con redadas de equipos SWAT, débiles normas de evidencia y sentencias penitenciarias más duras. El ser miembro de una pandilla se convirtió en un crimen serio y los tatuajes en pruebas suficientes para la detención. Prisiones sobrepobladas desbordaron rápidamente y la falta de supervisión y de programas sociales llevaron a mayores niveles de organización criminal desarrollándose entre los pandilleros encarcelados. Al mismo tiempo, estas políticas no tuvieron prácticamente ninguna repercusión en las tasas de homicidio ni en las tasas de arrestos, resultado del trabajo investigativo hecho por la policía. En vez de eso, la política fue percibida como una medida de prevención del crimen al encarcelar al mayor número posible de pandilleros.