Estados Unidos promulgó su primera ley anti drogas- la Ordenanza Opio Den de San Francisco en 1875- y adoptó una postura anti drogas hacia México a principios del siglo XX. Pero no fue hasta la década de 1970 cuando el presidente de EE.UU. Richard Nixon estableció la Agencia de Control de Drogas en la que la “guerra contra las drogas” se convirtió en la metáfora dominante de la política de prohibición de drogas de EE.UU.
Dos pandilleros de la Mara Salvatrucha fuman la marihuana mezclada con crack.
Continúa siendo una política seguida por una variedad de niveles inconsistentes de transparencia y consistencia. Documentos en los Archivos de Seguridad Nacional incluyendo reportes del FBI y de la DEA revelan que existió colaboración y protección gubernamental por parte de Estados Unidos con traficantes para avanzar la guerra de las Contra en Nicaragua. Un subcomité especial del senado en Terrorismo, Narcóticos y Operaciones Internacionales encabezado por el senador John Kerry, emitió el reporte Drogas, Observancia de la Ley y Política Internacional en 1989. Fue el primero en documentar el conocimiento y tolerancia de EE.UU. hacia el contrabando de drogas bajo el pretexto de Seguridad Nacional. Estados Unidos giró la vista hacia otro lado cuando las contras nicaragüenses se involucraron en el tráfico ilegal de armas y drogas a EE.UU.
Críticos de la política anti droga estadounidense argumentan que el número de consumidores de drogas ilícitas en EE.UU.- actualmente 19.9 millones- continua creciendo a pesar de los 2.5 trillones de dólares que le han costado a los contribuyentes estadounidenses a lo largo de 40 años.
Los costos no son sólo en el equipamiento militar, la ejecución y los programas de interdicción en el extranjero, sino también en el detrimento de un sistema carcelario que llena rápidamente las cárceles de EE.UU. con casi medio millón de delincuentes no violentos de drogas condenados bajo las leyes de sentencia obligatoria de drogas. Los que se oponen a la política sostienen que la guerra contra las drogas se ha convertido en una guerra en la salud pública, en las familias y los EE.UU. sobre los derechos constitucionales.
De la década de 1980 cuando EE.UU primero intentó detener las drogas provenientes de Colombia hacia consumidores norteamericanos, el comercio solo se ha vuelto más violento y mortífero.
“Spider” mantiene una bolsa de cocaína que cuesta el pago de un dia y medio de trabajo por salario mínimo de El Salvador. La adicción a la cocaína es cada vez más comun en los barrios pobres de El Salvador.
EE.UU. caracteriza a países como México y Colombia como fuentes de armas y de drogas. Para México, mucha de la violencia no proviene de compartir una frontera con un país, que no sólo es el mayor consumidor mundial de drogas ilegales, sino también el mayor proveedor mundial de armas ilegales.
Y en todas partes son los niños y los jóvenes quienes sufren desproporcionadamente las consecuencias de esta “guerra.” En los países exportadores, niños de comunidades rurales paupérrimas llegan a trabajar en la recolección y en el procesamiento de drogas.
Pueden ser desplazados debido a las políticas de erradicación de los cultivos o las guerras por el control de las rutas comerciales que provocan el desplazamiento humano. Algunos son atraídos hacia el comercio mediante la promesa de otros beneficios económicos, pueden ser maltratados o forzados en el comercio por parte de criminales organizados.
Los refugiados desplazados por la guerra entre paramilitares y guerrilleros por el control de las rutas de tráfico de drogas y los recursos naturales y las armas deben pasar los puestos de control militar a lo largo del río.
Y a lo largo de las rutas comerciales que se extienden en los vastos mercados de drogas en el mundo desarrollado hay niños cuyas familias están siendo destruidas por la guerra. Ya sea que estén separados de un padre que es un prisionero de la guerra de drogas, o hayan perdido a un progenitor con VIH o con sobredosis de drogas, si ellos mismos hayan sido encarcelados por posesión de drogas, el sufrimiento emocional y social de los niños que sufren aumentan el sufrimiento material.
Los críticos del enfoque militarizado sostienen que un cambio de paradigma- centrado en la salud pública y en la reducción de daño podría detener el efecto dominó que son la ruptura del tejido social en comunidades. Argumentan que la inclusión de la perspectiva de los niños y jóvenes que viven con las consecuencias de estas políticas proporciona otra forma de ver los fracasos de la “guerra contra las drogas”.